Solidaridad con Costa Rica |
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Écrit par Jean Ortiz | |
26-10-2008 | |
de Octubre de 2008 Por Carlos Salazar Fernández Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir San José (NP)- Organizaciones ecologistas de Costa Rica anunciaron este sábado la impugnación legal de un decreto del presidente Oscar Arias en el que declaró de Interés Público y Conveniencia Nacional a un proyecto minero de una empresa transnacional en Las Crucitas, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua. Entre tanto, en Nicaragua, fuentes oficiales no descartaron la posibilidad de llevar el caso a un Tribunal Internacional de Justicia, con el fin de paralizar la iniciativa gubernamental costarricense. Por su parte, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), advirtió que si el Estado de Costa Rica sigue con el proyecto de explotación minera a cielo abierto en Las Crucitas, estará violando el Derecho Internacional. El proyecto será operado por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., a quién fue otorgada la licencia el 17 de marzo de 2008, está ubicado en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela. El decreto emitido por el Premio Nobel de la Paz 1986, que en foros internacionales defiende lo que llama Paz a la Naturaleza, concluye que el Proyecto explotará 262 hectáreas en los Cerros La Fortuna y Botija, que son bosque primario y secundario. Carlos Murillo, del Frente Norte contra la Minería a Cielo Abierto, aseguró que dicha zona es el hábitat de la Lapa Verde, en proceso de extinción, ya que ahí se encuentran árboles de almendro. Murillo, profesor de Ciencias Naturales en la región, advirtió que el proyecto minero afectará el corredor biológico mesoamericano, y también amenaza la reserva natural aledaña al río San Juan. Hace dos semanas, la Sala Constitucional en un voto prohibió la tala de esta especie maderable por considerar que ayuda a perpetuar la Lapa Verde. La empresa pretende explotar un millón de onzas de oro en roca dura de un tajo a cielo abierto de 85 metros de profundidad, a tres kilómetros del río San Juan. De acuerdo con los expertos, aunque los proyectos mineros deben incluir en sus planes un plan de manejo adecuado de los desechos, en la práctica los daños son inevitables.
En el municipio de Bonanza, en la Región Atlántica Norte de Nicaragua, ocurrió un derrame de más de casi cien mil litros de agua contaminada con cianuro en el 2003, afectando la fauna acuática de los ríos. En La Libertad, Chontales, Nicaragua, los efectos por contaminación en el Río Mico son notorios. Debido a la actividad minera en la zona, análisis han demostrado la presencia de metales pesados, aluminio y manganeso en sus aguas. Para los ecologistas, el precio a pagar por este millonario proyecto es la destrucción del paisaje de Las Crucitas y la afectación de por lo menos 32 comunidades aledañas, incluyendo la posible contaminación del Río San Juan.
Según Industrias Infinito S.A., la etapa de operación durará seis años y ocho meses; luego vendrá el cierre, y finalmente la recuperación, prevista para un año y medio, donde supuestamente se restituirá el daño ambiental causado. Este plazo, sin embargo, es cuestionado por especialistas en materia ambiental. En este caso hay muchos números en juego. Una onza de oro en el mercado internacional se cotiza a un precio superior a 900 dólares, y la empresa de origen canadiense dice haber invertido ya más de 35 millones de dólares.
Sin embargo, sus actividades están detenidas debido a un recurso de amparo interpuesto por opositores a la minería y de no resolverse el asunto, se especula que ésta podría demandar al Estado de Costa Rica por daños y perjuicios. Hasta que la parte legal se resuelva, la explotación minera no puede continuar. Pero mientras tanto, el futuro de Las Crucitas, de su bosque y biodiversidad, depende de que el sistema judicial decida finalmente anular o aprobar por completo la concesión otorgada por decreto del presidente de la República. Por el otro lado, el Estado de Nicaragua y los activistas en pro del medio ambiente de ambos países han elevado sus voces y puesto en duda el famoso lema que el presidente de Costa Rica promueve como parte de su política de protección ambiental: “Paz con la naturaleza”, ya que de esta actividad minera el binacional río San Juan se vería seriamente afectado por el lodo y los químicos utilizados. Un informe elaborado por AIDA, explica que “si el Gobierno de Costa Rica permite el desarrollo de la mina sin mayor revisión y consulta pública, estaría incumpliendo sus compromisos internacionales de obligación con el cuidado y defensa del medio ambiente, derecho a la información, participación pública y por los riesgos creados sobre el Río San Juan o Nicaragua, al permitir la contaminación transfronteriza”. La Jefa del Área Legal de Aida, Astrid Puentes, asegura en un estudio que “si el Gobierno de Costa Rica permite el desarrollo del Proyecto Minero Crucitas se violaría el derecho internacional aplicable, particularmente: el principio de prevención, la obligación de no contaminar los territorios de otras soberanías”. Además, “viola la obligación del Estado de informar a otros Estados (en este caso Nicaragua), de los posibles impactos que una actividad puede tener sobre su jurisdicción, el principio de precaución 63, la importancia fundamental de mitigar impactos negativos de la minería e informar y consultar al público en la toma de decisiones ambientales”. “Al aprobar el Proyecto Minero Crucitas, sin mejorar la capacidad técnica del gobierno para controlar los proyectos mineros, se corre el riesgo de repetir los mismos errores dañinos de revisión y aprobación del Proyecto que resultaron en el desastre ambiental del Proyecto Minero Bellavista”, Miramar de Puntarenas, que ya colapsó, recordó Puentes.
Las intenciones de crear el Proyecto Mina Las Crucitas nació en 1999, pero fue hasta el 2002 que “vio la luz” oficialmente, cuando Costa Rica otorgó la concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A., filial de la transnacional canadiense Vanesa Ventures Incorporation, por un período de 10 años. Desde entonces el avance del proyecto se ha venido tropezando con los obstáculos de los ambientalistas que acusan al gobierno costarricense de atentar contra la naturaleza a cambio de intereses económicos. Además, el sistema judicial y las autoridades ambientales se han contradicho al otorgar y anular, aprobar y suspender a la vez la misma concesión.
Normalmente, cuando una mina como la proyectada se establece en un sitio, requiere de un proceso devastador. Para llegar a la roca que posee el mineral buscado, despejan el suelo, eliminan toda la vegetación de grandes extensiones, transforman el lugar al dinamitar y extraer las rocas, y además, al final del proceso utilizan algún río como afluente para descargar las aguas residuales. En este caso, según explica Angélica Alfaro, del Centro Alexander van Humboldt, Industrias Infinito S.A. utilizaría el río Infiernillo (conectado con Río San Juan), para descargar las aguas “que en teoría deben estar tratadas y cumplir parámetros ambientales, que los químicos no superen los límites máximos permisibles”. Advirtió que en la práctica esto nunca ocurre, porque “la tecnología utilizada es a cielo abierto, lo que provocaría un proceso de sedimentación. Dicha tecnología está considerada como una de las más destructivas en materia ambiental, en el sentido que remueven la capa vegetal, todo lo que es bosque y suelo. Hacen enormes huecos y hay serios impactos en la flora, en la fauna, en las aguas superficiales y hasta en los seres humanos debido al manejo de cianuro”, agregó Alfaro. Expertos costarricenses han dado a conocer que para este proyecto serán necesarios aproximadamente 30 mil litros de agua por día y la utilización de una planta térmica que consumirá 27 mil litros de diesel diariamente, los cuales serán almacenados en tanques de un mil 500 metros cúbicos de diesel y 38 metros cúbicos de gasolina. En mayo pasado Nicaragua se unió al grupo de ecologistas que se oponen al proyecto el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), que a través de estudios técnicos confirmó que el Proyecto Mina Las Crucitas afectaría a 32 comunidades ubicadas en la ribera del Lago de Nicaragua y el río San Juan. “Como ministerio nos pronunciamos absolutamente en contra, ya que al entrar en operaciones el impacto ambiental para Nicaragua sería grande, debido a la sedimentación, pues todas las aguas servidas irían a caer a la cuenca del río San Juan”, dijo la ministra del Marena, Juana Argeñal. El Marena envió una carta al Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica solicitando la anulación del proyecto y al mismo tiempo apeló ante la Secretaria Técnica de Integración Centroamericana “una evaluación real del impacto ambiental que ocasionaría en Nicaragua”, pero nunca recibió respuesta. “Existen serios cuestionamientos sobre el Proyecto Mina Las Crucitas. A pesar de la imposibilidad de revisar en detalle todos los documentos técnicos, pues el procedimiento para acceder a la información de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) es tan complicado que hace prácticamente imposible su alcance, nos referimos al análisis de otras instituciones que han hecho su propia indagación”, dice el informe de la AIDA.
Por otra parte, el Centro Humboldt, en un estudio realizado en agosto de
2004, explica que “la minería a cielo abierto remueve la capa superficial o
sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de
mineral de baja calidad.
Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran
maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución
permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo
rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de
material removido.
El cianuro que utilizan permite recuperar hasta en un 97 por ciento del
oro, incluso a gránulos no visibles por el ojo humano.
El estudio añade que “para las plantas y los animales el cianuro es
extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación
e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas.
En cuanto a los animales y el ser humano, el cianuro puede ser
absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado.
En dependencia de la cantidad de cianuro que una persona haya
absorbido, podría padecer mareos, náuseas, convulsiones y el peor de
los casos, la muerte.
El cianuro es un químico letal que no permite que llegue oxígeno a las
células, provocando efectos graves en el corazón y el cerebro. |
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