Oro por cianuro y guerra a la 
naturaleza en Costa Rica


de Octubre de 2008
Por Carlos Salazar Fernández
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San José (NP)- Organizaciones ecologistas de Costa Rica anunciaron 
este sábado la impugnación legal de un decreto del presidente Oscar 
Arias en el que declaró de Interés Público y Conveniencia Nacional a un 
proyecto minero de una empresa transnacional en Las Crucitas, a tres 
kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

Entre tanto, en Nicaragua, fuentes oficiales no descartaron la posibilidad 
de llevar el caso a un Tribunal Internacional de Justicia, con el fin de 
paralizar la iniciativa gubernamental costarricense.

Por su parte, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA), advirtió que si el Estado de Costa Rica sigue con el proyecto de 
explotación minera a cielo abierto en Las Crucitas, estará violando el 
Derecho Internacional.


El proyecto será operado por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., a 
quién fue otorgada la licencia el 17 de marzo de 2008, está ubicado en el 
cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

El decreto emitido por el Premio Nobel de la Paz 1986, que en foros 
internacionales defiende lo que llama Paz a la Naturaleza, concluye que el 
Proyecto explotará 262 hectáreas en los Cerros La Fortuna y Botija, que 
son bosque primario y secundario.

Carlos Murillo, del Frente Norte contra la Minería a Cielo Abierto, aseguró 
que dicha zona es el hábitat de la Lapa Verde, en proceso de extinción, 
ya que ahí se encuentran árboles de almendro.

Murillo, profesor de Ciencias Naturales en la región, advirtió que el 
proyecto minero afectará el corredor biológico mesoamericano, y también 
amenaza la reserva natural aledaña al río San Juan.

Hace dos semanas, la Sala Constitucional en un voto prohibió la tala de 
esta especie maderable por considerar que ayuda a perpetuar la Lapa 
Verde.

La empresa pretende explotar un millón de onzas de oro en roca dura de 
un tajo a cielo abierto de 85 metros de profundidad, a tres kilómetros del 
río San Juan.

De acuerdo con los expertos, aunque los proyectos mineros deben incluir 
en sus planes un plan de manejo adecuado de los desechos, en la 
práctica los daños son inevitables.



Casos



En el municipio de Bonanza, en la Región Atlántica Norte de Nicaragua, 
ocurrió un derrame de más de casi cien mil litros de agua contaminada 
con cianuro en el 2003, afectando la fauna acuática de los ríos.

En La Libertad, Chontales, Nicaragua, los efectos por contaminación en 
el Río Mico son notorios. Debido a la actividad minera en la zona, análisis 
han demostrado la presencia de metales pesados, aluminio y manganeso 
en sus aguas.

Para los ecologistas, el precio a pagar por este millonario proyecto es la 
destrucción del paisaje de Las Crucitas y la afectación de por lo menos 
32 comunidades aledañas, incluyendo la posible contaminación del Río 
San Juan.



El negocio



Según Industrias Infinito S.A., la etapa de operación durará seis años y 
ocho meses; luego vendrá el cierre, y finalmente la recuperación, prevista 
para un año y medio, donde supuestamente se restituirá el daño 
ambiental causado. Este plazo, sin embargo, es cuestionado por 
especialistas en materia ambiental.

En este caso hay muchos números en juego. Una onza de oro en el 
mercado internacional se cotiza a un precio superior a 900 dólares, y la 
empresa de origen canadiense dice haber invertido ya más de 35 
millones de dólares.



Más alertas



Sin embargo, sus actividades están detenidas debido a un recurso de 
amparo interpuesto por opositores a la minería y de no resolverse el 
asunto, se especula que ésta podría demandar al Estado de Costa Rica 
por daños y perjuicios.

Hasta que la parte legal se resuelva, la explotación minera no puede 
continuar. Pero mientras tanto, el futuro de Las Crucitas, de su bosque y 
biodiversidad, depende de que el sistema judicial decida finalmente 
anular o aprobar por completo la concesión otorgada por decreto del 
presidente de la República.

Por el otro lado, el Estado de Nicaragua y los activistas en pro del medio 
ambiente de ambos países han elevado sus voces y puesto en duda el 
famoso lema que el presidente de Costa Rica promueve como parte de 
su política de protección ambiental: “Paz con la naturaleza”, ya que de 
esta actividad minera el binacional río San Juan se vería seriamente 
afectado por el lodo y los químicos utilizados.

Un informe elaborado por AIDA, explica que “si el Gobierno de Costa Rica 
permite el desarrollo de la mina sin mayor revisión y consulta pública, 
estaría incumpliendo sus compromisos internacionales de obligación con 
el cuidado y defensa del medio ambiente, derecho a la información, 
participación pública y por los riesgos creados sobre el Río San Juan o 
Nicaragua, al permitir la contaminación transfronteriza”.

La Jefa del Área Legal de Aida, Astrid Puentes,  asegura en un estudio 
que “si el Gobierno de Costa Rica permite el desarrollo del Proyecto 
Minero Crucitas se violaría el derecho internacional aplicable, 
particularmente: el principio de prevención, la obligación de no 
contaminar los territorios de otras soberanías”.

Además, “viola la obligación del Estado de informar a otros Estados (en 
este caso Nicaragua), de los posibles impactos que una actividad puede 
tener sobre su jurisdicción, el principio de precaución 63, la importancia 
fundamental de mitigar impactos negativos de la minería e informar y 
consultar al público en la toma de decisiones ambientales”.

“Al aprobar el Proyecto Minero Crucitas, sin mejorar la capacidad técnica 
del gobierno para controlar los proyectos mineros, se corre el riesgo de 
repetir los mismos errores dañinos de revisión y aprobación del Proyecto 
que resultaron en el desastre ambiental del Proyecto Minero Bellavista”, 
Miramar de Puntarenas, que ya colapsó, recordó Puentes.



Tropiezos



Las intenciones de crear el Proyecto Mina Las Crucitas nació en 1999, 
pero fue hasta el 2002 que “vio la luz” oficialmente, cuando Costa Rica 
otorgó la concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A., filial de la 
transnacional canadiense Vanesa Ventures Incorporation, por un período 
de 10 años.

Desde entonces el avance del proyecto se ha venido tropezando con los 
obstáculos de los ambientalistas que acusan al gobierno costarricense de 
atentar contra la naturaleza a cambio de intereses económicos.

Además, el sistema judicial y las autoridades ambientales se han 
contradicho al otorgar y anular, aprobar y suspender a la vez la misma 
concesión.



Destrucción



Normalmente, cuando una mina como la proyectada se establece en un 
sitio, requiere de un proceso devastador. Para llegar a la roca que posee 
el mineral buscado, despejan el suelo, eliminan toda la vegetación de 
grandes extensiones, transforman el lugar al dinamitar y extraer las rocas, 
y además, al final del proceso utilizan algún río como afluente para 
descargar las aguas residuales.

En este caso, según explica Angélica Alfaro, del Centro Alexander van 
Humboldt, Industrias Infinito S.A. utilizaría el río Infiernillo (conectado con 
Río San Juan), para descargar las aguas “que en teoría deben estar 
tratadas y cumplir parámetros ambientales, que los químicos no superen 
los límites máximos permisibles”.

Advirtió que en la práctica esto nunca ocurre, porque “la tecnología 
utilizada es a cielo abierto, lo que provocaría un proceso de 
sedimentación.

Dicha tecnología está considerada como una de las más destructivas en 
materia ambiental, en el sentido que remueven la capa vegetal, todo lo 
que es bosque y suelo. Hacen enormes huecos y hay serios impactos en 
la flora, en la fauna, en las aguas superficiales y hasta en los seres 
humanos debido al manejo de cianuro”, agregó Alfaro.

Expertos costarricenses han dado a conocer que para este proyecto 
serán necesarios aproximadamente 30 mil litros de agua por día y la 
utilización de una planta térmica que consumirá 27 mil litros de diesel 
diariamente, los cuales serán almacenados en tanques de un mil 500 
metros cúbicos de diesel y 38 metros cúbicos de gasolina.

En mayo pasado Nicaragua se unió al grupo de ecologistas que se 
oponen al proyecto el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(Marena), que a través de estudios técnicos confirmó que el Proyecto 
Mina Las Crucitas afectaría a 32 comunidades ubicadas en la ribera del 
Lago de Nicaragua y el río San Juan.

“Como ministerio nos pronunciamos absolutamente en contra, ya que al 
entrar en operaciones el impacto ambiental para Nicaragua sería grande, 
debido a la sedimentación, pues todas las aguas servidas irían a caer a la 
cuenca del río San Juan”, dijo la ministra del Marena, Juana Argeñal.

El Marena envió una carta al Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 
Rica solicitando la anulación del proyecto y al mismo tiempo apeló ante la 
Secretaria Técnica de Integración Centroamericana “una evaluación real 
del impacto ambiental que ocasionaría en Nicaragua”, pero nunca recibió 
respuesta.

“Existen serios cuestionamientos sobre el Proyecto Mina Las Crucitas. A 
pesar de la imposibilidad de revisar en detalle todos los documentos 
técnicos, pues el procedimiento para acceder a la información de la 
Secretaría Técnica Ambiental (Setena) es tan complicado que hace 
prácticamente imposible su alcance, nos referimos al análisis de otras 
instituciones que han hecho su propia indagación”, dice el informe de la 
AIDA.



Peligro



Por otra parte, el Centro Humboldt, en un estudio realizado en agosto de 
2004, explica que “la minería a cielo abierto remueve la capa superficial o 
sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de 
mineral de baja calidad.

Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran 
maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución 
permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo 
rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de 
material removido.

El cianuro que utilizan permite recuperar hasta en un 97 por ciento del 
oro, incluso a gránulos no visibles por el ojo humano.

El estudio añade que “para las plantas y los animales el cianuro es 
extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación 
e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. 
En cuanto a los animales y el ser humano, el cianuro puede ser 
absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado.

En dependencia de la cantidad de cianuro que una persona haya 
absorbido, podría padecer mareos, náuseas, convulsiones y el peor de 
los casos, la muerte.

El cianuro es un químico letal que no permite que llegue oxígeno a las 
células, provocando efectos graves en el corazón y el cerebro.